Según afirma la Agencia de la UE de Derechos Fundamentales (FRA por sus siglas en inglés), un marco legal claro que defina los roles y responsabilidades de las instituciones puede ayudar a que la UE desarrolle normas para promocionar, proteger y supervisar la implementación de la Convención de Naciones Unidas sobre discapacidad.
La Unión Europea ratificó la Convención de Naciones Unidas sobre discapacidad en el año 2010. Se trata del primer tratado internacional sobre derechos humanos firmado por la UE, y por la que queda obligada a implementar un órgano para proteger los derechos de los individuos y supervisar la implementación de la convención.
El Parlamento Europeo pidió consejo a la FRA sobre cómo aplicar esta convención, que debe aplicarse de manera transversal a todas las materias para las que la UE es competente, tales como sus leyes y políticas, así como la administración de las Instituciones Europeas en materia de personal y condiciones laborales.
El consejo que ha emitido la FRA clarifica los requisitos para establecer un órgano que supervise el cumplimiento de la citada convención. Este órgano estaría compuesto por representantes de la propia FRA, del Parlamento Europeo, del Defensor del Pueblo y del Foro Europeo de la Discapacidad, sin embargo, la Comisión debería abstenerse de formar parte de este órgano con el fin de asegurar su independencia.
La firma de un tratado internacional por parte de la UE establece un importante precedente en la materia, así se puede aprender de cómo las legislaciones nacionales integran estos tratados en su ordenamiento jurídico, si bien en este caso es necesario darle un enfoque más regional.
