La UE va a comenzar la negociación para actualizar el llamado “registro de transparencia”, un listado de grupos de presión que suele ponerse en contacto con las instituciones comunitarias.
El Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo acordaron empezar a trabajar a principios de 2018 con el objetivo de establecer normas conjuntas que aporten más transparencia a las actividades de los representantes de intereses a escala comunitaria.
Desde 2011, el Parlamento y la Comisión han compartido un registro público de transparencia, en sustitución de los registros que hasta ese momento tenían por separado. El registro de la Eurocámara se remonta a 1995, mientras que el de la Comisión data de 2008. El Consejo, por su parte, es observador del sistema actual desde 2014.
El objetivo del registro de transparencia es garantizar que aquellos que buscan interactuar con las instituciones de la UE puedan declarar públicamente su interés y proporcionar información sobre sí mismos. Aunque el registro tiene carácter voluntario, en ocasiones puede ser necesario figurar en él para obtener determinados accesos, por ejemplo, para participar en una audiencia pública organizada por una comisión del Parlamento Europeo. Como muestran los datos, el número de organizaciones registradas ha ido creciendo constantemente a lo largo de los años. Actualmente hay más de 11.000 organizaciones con más de 80.000 empleados, entre ellas ONG, asociaciones empresariales, compañías, sindicatos y consultoras. El tamaño y los intereses de las compañías que figuran en el registro son muy distintos. Casi una quinta parte de todas las organizaciones tienen su sede en Bélgica.
Los Estados miembros de la UE tienen distintos enfoques respecto a los grupos de presión. Por ahora, solo siete países (Francia, Irlanda, Lituania, Austria, Polonia, Eslovenia y el Reino Unido) han aprobado legislación al respecto.
