La Comisión pone en marcha hoy la segunda fase de consulta a los interlocutores sociales europeos sobre cómo mejorar las condiciones laborales de las personas que ejercen su actividad a través de plataformas de trabajo digitales. Esta fase de consulta sigue a la primera, que estuvo abierta del 24 de febrero al 7 de abril de 2021, y en la que la Comisión recibió respuestas de catorce interlocutores sociales a escala de la UE. Con arreglo a las respuestas recibidas, la Comisión llegó a la conclusión de que es necesario que la UE adopte nuevas medidas para garantizar las normas laborales básicas y los derechos de las personas que trabajan a través de plataformas digitales. La presidenta Von der Leyen anunció en sus orientaciones políticas la necesidad de mejorar las condiciones laborales del trabajo en plataformas. La crisis de la COVID-19 y la adopción acelerada de modelos empresariales de plataformas digitales han puesto aún más de relieve esta necesidad.
Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva para una Europa Adaptada a la Era Digital, ha declarado: «Las plataformas de trabajo digitales desempeñan un papel fundamental en la transición digital de la economía europea. Es preciso proteger a las personas, a las que debe permitirse trabajar con seguridad y dignidad, ya ejerzan su actividad solo conectadas a internet o a través de otros modelos de relación laboral más convencionales. Ahora recabaremos las opiniones de los interlocutores sociales sobre cómo garantizar que el trabajo a través de plataformas digitales tenga unas condiciones laborales dignas, al tiempo que se apoya el crecimiento sostenible de estas plataformas de trabajo en la UE».
Nicolas Schmit, comisario de Empleo y Derechos Sociales, ha añadido: «Las plataformas digitales aportan innovación y servicios nuevos a los consumidores, pero también deben ofrecer a las personas que trabajan a través de ellas el alto nivel de normas sociales que esperamos. Seguimos consultando a los interlocutores sociales para encontrar un enfoque inteligente y equilibrado que ofrezca seguridad y normas comunes a las plataformas digitales y a quienes trabajan a través de ellas. De este modo, tendremos una transición digital justa y sostenible».
Las plataformas de trabajo digitales desempeñan un papel fundamental en la transición digital de la economía europea y constituyen un fenómeno en aumento. El tamaño de la economía de las plataformas digitales de trabajo en la UE se ha multiplicado casi por cinco, pasando de unos 3 000 millones de euros en 2016 a unos 14 000 millones de euros en 2020. Las plataformas de trabajo digitales aportan innovación, crean empleo y mejoran la competitividad de la UE. Además, proporcionan unos ingresos adicionales a las personas, especialmente a aquellas cuyo acceso a los mercados laborales pueda resultar más difícil.
Sin embargo, el trabajo en plataformas digitales también puede dar lugar a unas condiciones laborales precarias y a un acceso inadecuado a la protección social para muchas personas que trabajan a través de ellas. El principal reto del trabajo por este medio está relacionado con la situación en el empleo. Es un factor determinante clave del acceso de las personas que trabajan a través de plataformas a los derechos y la protección laborales vigentes. Es más, las personas que trabajan a través de plataformas digitales pueden sufrir decisiones automatizadas que se tomen mediante algoritmos sin posibilidad de cuestionar la decisión ni de pedir una reparación. Asimismo, suelen tener un acceso limitado a la representación y la negociación colectivas. Por último, también existen retos relacionados con el carácter transfronterizo del trabajo en plataformas digitales y la posibilidad de rastrear en qué país se realiza el trabajo.
Teniendo en cuenta estos retos que se presentan, con la segunda fase de consulta se prevé recabar las opiniones de los interlocutores sociales sobre cómo garantizar que quienes trabajan a través de plataformas digitales tenga unas condiciones laborales dignas, sin dejar por ello de respaldar el crecimiento sostenible de las plataformas de trabajo digitales en la UE. Se consultará a los interlocutores sociales sobre el contenido que se plantea para una iniciativa a escala de la UE, en ámbitos como:
- facilitar la determinación de la situación en el empleo y el acceso a los derechos laborales y de protección social;
- mejorar la información, la consulta y las vías de recurso, especialmente por lo que se refiere al uso de la gestión algorítmica en el trabajo en plataformas digitales;
- aportar claridad sobre las normas aplicables a todas las personas que trabajan a través de plataformas digitales transfronterizas;
- potenciar la ejecución, la representación colectiva y el diálogo social.
En la consulta también se pide la opinión de los interlocutores sociales sobre los posibles instrumentos de actuación de la UE, dado que la Comisión está estudiando la posibilidad de recurrir a instrumentos legislativos y no legislativos.
Se pide a los interlocutores sociales que respondan a las preguntas de la consulta antes del 15 de septiembre de 2021.
El siguiente paso, una vez finalizada esta segunda fase de consulta, es, o bien que tengan lugar negociaciones entre los interlocutores sociales con vistas a la celebración de un acuerdo con arreglo al artículo 155 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), o que la Comisión Europea presente una propuesta antes de finales de 2021.
En caso de ponerse en marcha una iniciativa de la UE, esta se proyectaría respetando plenamente las competencias nacionales, la diversidad de las tradiciones de los mercados laborales en los Estados miembros y la autonomía de los interlocutores sociales. Cualquier iniciativa sobre el trabajo en plataformas digitales debe respetar las definiciones nacionales de «trabajador». Tampoco hay ninguna intención de crear una «tercera» situación en el empleo (trabajadores que no sean ni asalariados ni autónomos) a escala de la UE, aun cuando se respete la decisión de algunos Estados miembros de introducir una figura especial en su legislación nacional.
Contexto
En sus orientaciones políticas, la presidenta Von der Leyen subrayó que «la transformación digital introduce cambios rápidos que afectan a nuestros mercados laborales», y se comprometió a estudiar «la forma de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de las plataformas».
En la Comunicación titulada «Una Europa social fuerte para unas transiciones justas», se señala que el crecimiento sostenible de la economía de plataformas digitales requiere unas condiciones laborales mejores para sus trabajadores.
En el programa de trabajo de la Comisión para 2021, se anunció una iniciativa legislativa con la finalidad de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de plataformas antes de finales de 2021. Esta iniciativa debía apoyar la aplicación de los principios en los que se basa el pilar europeo de derechos sociales. En la Cumbre Social de Oporto, que tuvo lugar los días 7 y 8 de mayo de 2021, se renovó el compromiso de todos los socios con una Europa social fuerte.
La primera fase de consulta de la Comisión a los interlocutores sociales sobre cómo mejorar las condiciones laborales de las personas que trabajan a través de plataformas de trabajo digitales estuvo abierta del 24 de febrero al 7 de abril de 2021.
Tras examinar las respuestas, la Comisión ha llegado a la conclusión de que es preciso que intervenga la UE. Por consiguiente, la Comisión está poniendo en marcha la segunda fase de consulta de los interlocutores sociales, que representan a los sindicatos y las patronales a escala de la UE, de conformidad con el artículo 154, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
Esta consulta no trata la cuestión de la aplicabilidad de la legislación de la UE sobre competencia a la negociación colectiva de los trabajadores autónomos. Esta cuestión se aborda a través de una iniciativa independiente, pero complementaria, para la que se abrió una consulta pública que finalizó el 31 de mayo de 2021. El objetivo de esta última iniciativa es velar por que la legislación de la UE en materia de competencia no obstaculice los convenios colectivos destinados a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores autónomos en una posición débil, al mismo tiempo que se garantiza que los consumidores y las pymes sigan beneficiándose de precios competitivos y de modelos empresariales innovadores, especialmente en la economía digital.
