La propuesta anunciada por la Comisión Europea es la primera iniciativa en el marco del Plan Europeo de Lucha con el Cáncer.
Cada año se detectan en la UE alrededor de 120.000 casos de cáncer vinculado a una actividad laboral, que causan aproximadamente 80.000 muertes anuales. Para mejorar la protección de los trabajadores frente al cáncer, la Comisión ha propuesto limitar aún más su exposición a las sustancias químicas cancerígenas. Esta cuarta revisión de la Directiva sobre agentes carcinógenos y mutágenos establece valores límite nuevos o revisados con respecto a tres importantes sustancias: el acrilonitrilo, los compuestos de níquel y el benceno. Las estimaciones muestran que más de 1,1 millones de trabajadores en un amplio abanico de sectores se beneficiarán de una mejor protección gracias a las nuevas normas. La propuesta anunciada es la primera iniciativa en el marco del compromiso de la Comisión de luchar contra el cáncer mediante el inminente Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer.
La Directiva sobre agentes carcinógenos y mutágenos se actualiza periódicamente en consonancia con las pruebas científicas y los datos técnicos más recientes. Las tres actualizaciones anteriores abordaron la exposición de los trabajadores a veintiséis sustancias químicas. Esta última propuesta añade límites de exposición profesional nuevos o revisados en relación con las siguientes sustancias: acrilonitrilo (nuevo límite); compuestos de níquel (nuevo límite); y benceno (límite revisado a la baja).
La introducción de límites de exposición profesional nuevos o revisados para el acrilonitrilo, los compuestos de níquel y el benceno tendrá claros beneficios para los trabajadores. Se evitarán casos de cáncer y otras enfermedades de origen laboral graves, con lo que mejorará la salud y la calidad de vida. La propuesta también beneficiará a las empresas reduciendo los costes causados por los problemas de salud y el cáncer relacionados con el trabajo, como el absentismo y las indemnizaciones abonadas por el seguro.
Esta iniciativa se ha desarrollado en estrecha colaboración con científicos y con representantes de los trabajadores, los empleadores y los Estados miembros de la UE. Los interlocutores sociales (sindicatos y organizaciones de empleadores) también participaron a través de una consulta en dos fases. Ahora, la propuesta de la Comisión se negociará en el Parlamento Europeo y en el Consejo.
Fuente: Newsletter de la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas
