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La Comisión empieza a debatir sobre el pilar europeo de derechos sociales.

29 · enero · 2016 | Noticias

Ayer tuvo lugar el primer debate orientativo del Colegio de Comisarios sobre el establecimiento de un pilar europeo de derechos sociales. Dicho pilar adoptará la forma de un documento de referencia autónomo, de carácter jurídico y recogerá los principios y valores fundamentales en materia de derechos sociales en la UE.

La Comisión quiere asegurar que los trabajadores de la UE sigan disfrutando de una protección social suficiente frente a un mercado de trabajo cada vez más inestable y cambiante. Como resultado de la configuración de este pilar, parte de la legislación actual de la UE en materia laboral tendrá que ser revisada y complementada. Por ejemplo, en materia de seguridad y salud laboral la regulación se está adaptando a los nuevos riesgos y realidades actuales. En consecuencia, en aquellas áreas donde los Estados miembros son directamente competentes para legislar, se pretende que un mejor intercambio de buenas prácticas acompañado de la evaluación comparativa fomente la convergencia entre los diferentes ordenamientos jurídicos.

En este sentido, varios instrumentos jurídicos nacionales, europeos e internacionales se refieren al concepto de "derechos sociales" en sus legislaciones propias. Tales derechos están estrechamente vinculados al contrato de trabajo, a las condiciones laborales y al acceso al sistema de seguridad social. A través de este nuevo pilar, se pretende homogeneizar la naturaleza y las condiciones de acceso a esos derechos sociales. Más concretamente serán objeto de revisión, entre otros, el derecho a una remuneración mínima, la protección contra el despido improcedente, los derechos en materia de seguridad y salud laboral, el acceso a las disposiciones relativas a la maternidad y paternidad, las disposiciones relativas al acceso a las ayudas por desempleo y las relativas a las pensiones.

En unas pocas semanas, la Comisión pondrá en marcha una amplia consulta para que contribuyan los interlocutores sociales y las autoridades nacionales, regionales y locales, así como la sociedad civil en la configuración de este nuevo pilar.

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