Esta iniciativa ciudadana invita a los Estados miembros “a proponer una prohibición del uso del glifosato, a reformar el procedimiento de aprobación de los pesticidas y a fijar los objetivos obligatorios a escala de la UE en lo concerniente a la reducción de la utilización de pesticidas”.
La iniciativa se registrará oficialmente el 25 de enero. Esta admisión a trámite marcará el inicio de un proceso que durará doce meses a lo largo de los cuales se recogerán firmas de apoyo a la iniciativa por parte de sus organizadores.
Esta decisión de la Comisión sólo implica la admisibilidad legal de la propuesta. De acuerdo con las condiciones de admisibilidad, tal y como están previstas en el reglamento de las iniciativas ciudadanas europeas, para que sea aceptada, la acción propuesta debe incluir las competencias de la Comisión en virtud de las cuales puede presentarse una propuesta de acta jurídica, que no debe de ser manifiestamente abusiva, fantasiosa o vejatoria, ni manifiestamente contraria a los valores de la UE.
El Colegio de Comisarios examinó ayer la admisibilidad jurídica de la propuesta y ha concluido que las condiciones jurídicas previstas para su registro se cumplen.
Si en el plazo de un año esta iniciativa recoge un millón de declaraciones de apoyo que provengan de al menos siete Estados miembros de la Unión, la Comisión dispondrá de un plazo de tres meses para contestar y podrá decidir hacer caso o no a la propuesta, pero siempre de manera motivada.
