1,7 millones de puestos de trabajo se pierden cada año en la Unión Europea (UE) por insolvencias: empresas incapaces de pagar sus facturas y en peligro de ser liquidadas para hacer frente a sus deudas. 400.000 pérdidas de empleo del total se deben a procedimientos de insolvencia que afectan a más de un país de la UE. Los eurodiputados aprobaron el 20 de mayo nuevas normas para estos casos. La nueva propuesta se centra en dar una segunda oportunidad al no limitarse a gestionar la quiebra.
Las nuevas normas sobre procedimientos de insolvencia actualizan la normativa en vigor, que data del año 2000. Y se centran en dar una segunda oportunidad al no limitarse a gestionar la quiebra, sino también contemplar soluciones previas a la insolvencia para ayudar a que las empresas sobrevivan a una crisis.
200.000 empresas se enfrentan a la insolvencia cada año, lo que afecta a 1,7 millones de puestos de trabajo. Del total antes citado, 50.000 empresas están implantadas en más de un país, lo que plantea el reto de lograr que trabajen en estrecha colaboración las autoridades judiciales de estos diferentes Estados. Y, en este caso concreto de empresas transfronterizas, son 400.000 las personas que pierden su empleo.
Las nuevas normas pretenden crear entre los Estados de la Unión Europea una cultura de recuperar y rescatar empresas en apuros, y conceder a las empresas sanas una segunda oportunidad.
Una cuestión vital es definir el centro de interés principal, elemento crucial para determinar qué Estado de la Unión Europea es competente para abrir el procedimiento principal. La regla es que se abran procedimientos dónde el deudor disponga de una sede registrada.
Las nuevas reglas también pretenden evitar que las distintas partes implicadas exploten las diferencias entre las legislaciones nacionales.
