El Tribunal de Cuentas de la UE acaba de publicar un informe especial titulado “La prioridad de la UE de promover una economía rural basada en el conocimiento se ha visto afectada por la mala gestión de las medidas de transferencia de conocimientos y asesoramiento” en el que se analiza la impartición de actividades de transferencia de conocimientos y asesoramiento cofinanciadas con cargo al Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo Rural (FEADER).
Según el informe especial de los auditores europeos, existen insuficiencias en la gestión de las actividades de transferencia de conocimientos y asesoramiento por parte de los Estados miembros y la Comisión Europea. Según el Tribunal, “las actividades de transferencia de conocimientos y asesoramiento fue insuficiente en relación con la importancia de las medidas y con los resultados previstos para dichas actividades. Los Estados miembros confiaron demasiado a menudo en las propuestas de los prestadores y cualquier tipo de formación se consideraba «adecuado» y subvencionable con fondos públicos; rara vez se analizó debidamente si las actividades podían tener resultados tangibles”.
Sobre la base de las conclusiones de su informe, el Tribunal formula una serie de recomendaciones destinadas a mejorar la situación en el marco del actual período de programación de desarrollo rural (2014-2020), así como a garantizar que los ambiciosos objetivos de las actividades tengan más posibilidades de cumplirse.
Entre las recomendaciones se encuentran las siguientes:
· Los Estados miembros deberían implantar unos procedimientos de análisis de las necesidades de conocimientos y capacidades de los agentes rurales que no se limiten a definir temas generales, sobre todo con vistas a las convocatorias de propuestas o procedimientos de licitación, y deberían también garantizar, dentro de los procedimientos recurrentes, que los servicios de transferencia de conocimientos y asesoramiento pertinentes se especifiquen y seleccionen sobre la base de dicho análisis.
· La Comisión debería proporcionar orientación adicional sobre cómo deben llevar a cabo los Estados miembros dichos análisis recurrentes, e instar a estos a formularlos en términos específicos, y no generales.
· Los Estados miembros deberían garantizar que las ayudas para la implantación de nuevos servicios de asesoramiento se concedan únicamente cuando exista un déficit manifiesto de dichos servicios en el área en cuestión.
· Los Estados miembros deberían seleccionar a los prestadores de servicios que van a recibir fondos públicos mediante procedimientos competitivos, equitativos y transparentes.
· Los Estados miembros deberían implantar sistemas de retroalimentación que utilicen la información obtenida en los procesos de seguimiento y evaluación para mejorar las convocatorias de propuestas o procedimientos de licitación en el futuro.
· La Comisión debería proporcionar orientaciones sobre cómo pueden ejecutar los Estados miembros estos procedimientos de retroalimentación recurrentes y controlar su establecimiento por los Estados miembros.
La financiación total de la UE destinada a estas actividades en 2007-2013 asciende a 1.300 millones de euros y la cofinanciación elevará la ayuda pública total a 2.200 millones de euros.
