La Comisión Europea ha publicado su análisis de las casi 150 000 respuestas a su consulta en línea sobre la protección de las inversiones y la solución de diferencias entre inversores y Estados en la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI). La Comisión pidió a los ciudadanos su opinión sobre un posible enfoque para proteger las inversiones y solucionar diferencias sobre inversiones entre inversores privados y gobiernos. Una cuestión clave en esta consulta es si el enfoque propuesto por la UE en el marco de la ATCI permitiría alcanzar el adecuado equilibrio entre la protección de los inversores y la salvaguardia del derecho y la capacidad de la UE para legislar en aras del interés público.
El informe de la Comisión recoge un análisis detallado de todas las respuestas. La Comisión debatirá ahora el camino a seguir con el Parlamento Europeo, los Estados miembros de la UE y las demás partes interesadas, en particular las ONG, las empresas, los sindicatos, las organizaciones de consumidores y el mundo académico.
«La consulta muestra claramente que existe un enorme escepticismo en lo que respecta al instrumento de solución de diferencias entre inversores y Estados», ha comentado Cecilia Malmström, Comisaria de Comercio.
«Antes de poner en marcha recomendaciones políticas sobre protección de las inversiones y solución de diferencias entre inversores y Estados en la ATCI, necesitamos un debate abierto y franco con los gobiernos de la UE, el Parlamento Europeo y la sociedad civil. Este será el primer paso inmediatamente después de la publicación de este informe.Observo también que la consulta ha aportado propuestas constructivas sobre cuestiones que pueden modificarse. Vamos a examinarlas con detenimiento durante los debates. También debemos reflexionar sobre la forma de abordar el hecho de que los países de la UE tienen ya 1 400 acuerdos bilaterales de este tipo, algunos de los cuales se remontan a la década de los cincuenta.», añadió Malmström.
«La gran mayoría de estos acuerdos no incluyen el tipo de garantías que la UE desearía ver. Esto también tendrá que ser un elemento importante de nuestra reflexión al examinar la mejor manera de abordar la cuestión de la protección de las inversiones en los acuerdos de la UE, ya que, si no se sustituyeran por disposiciones más avanzadas, permanecerían en vigor, con todas las legítimas preocupaciones que han levantado en los últimos meses», subrayó la Comisaria.
«Y permítanme que sea clara: la ATCI que la Comisión Europea negociará y presentará para su ratificación será un acuerdo que sea bueno para los ciudadanos, y para el crecimiento y el empleo en Europa. Será un acuerdo que refuerce la influencia de Europa en el mundo y ayude a proteger nuestros estrictos estándares. La Comisión Europea jamás se plantearía aceptar un acuerdo que reduzca nuestros estándares o limite el derecho de nuestros gobiernos a legislar. Tampoco se lo plantearían los Estados miembros de la UE ni el Parlamento Europeo», ha añadido Cecilia Malmström.
Detalles del informe
El cuestionario de la consulta explicaba en detalle el enfoque de la UE sobre doce cuestiones en materia de protección de las inversiones y de solución de diferencias entre inversores y Estados en la ATCI. El enfoque se basa en las mejoras que la UE desea introducir en el sistema actual. Entre las doce cuestiones sobre las que se consultó figuran las salvaguardias sobre el derecho de los gobiernos a legislar en aras del interés público, la total transparencia de los procedimientos de solución de diferencias entre inversores y Estados, los requisitos éticos de los árbitros y un eventual órgano de apelación.
La gran mayoría de respuestas, alrededor de 145 000 (un 97 %), se han presentado a través de diferentes plataformas en línea de grupos de interés, y contienen respuestas negativas predefinidas. La Comisión ha recibido también respuestas individuales de más de 3 000 ciudadanos y unas 450 organizaciones que representan un amplio espectro de la sociedad civil de la UE, en particular de ONG, organizaciones empresariales, sindicatos, asociaciones de consumidores, bufetes de abogados y el mundo académico. En general, estas respuestas entran en más detalles sobre el enfoque propuesto (véase la nota MEMO/15/3202).
En términos generales, las respuestas pueden dividirse en tres categorías:
respuestas que expresan oposición o preocupaciones respecto de la ATCI en general;
respuestas que expresan oposición o preocupaciones respecto de la protección de las inversiones y la solución de diferencias entre inversores y Estados en la ATCI; y
respuestas que aportan comentarios pormenorizados sobre el enfoque propuesto por la UE en el marco de la ATCI, que representan puntos de vista amplios y divergentes.
Las numerosas respuestas de las dos primeras categorías indican claramente la preocupación de numerosos ciudadanos de toda Europa por la ATCI en general y por el principio mismo de la protección de las inversiones y la solución de diferencias entre inversores y Estados.
Las respuestas de la tercera categoría contienen observaciones específicas sobre los diferentes aspectos del enfoque de la UE y, en algunos casos, sugerencias concretas para su modificación. Las opiniones están divididas con respecto a casi todas las doce cuestiones analizadas. A partir de los comentarios recibidos, una serie de ámbitos parecen ser de especial importancia para los encuestados, en particular:
– la protección del derecho a legislar;
– el establecimiento y funcionamiento de los tribunales arbitrales;
– la relación entre los sistemas judiciales nacionales y la solución de diferencias entre inversores y Estados; y
– la revisión de la corrección jurídica de las resoluciones de la solución de diferencias entre inversores y Estados mediante un mecanismo de apelación.
Estos cuatro ámbitos de trabajo deben analizarse más detenidamente.
Próximos pasos
En el primer trimestre de 2015, la Comisión organizará varias reuniones de consulta con los gobiernos de la UE, el Parlamento Europeo y distintas partes interesadas, en particular ONG, el mundo empresarial, sindicatos y organizaciones de consumidores y medioambientales, para debatir la protección de las inversiones y la solución de diferencias entre inversores y Estados en la ATCI, a partir del citado informe. Como primer paso, los resultados de la consulta se presentarán a la Comisión de Comercio Internacional (INTA) del Parlamento Europeo el 22 de enero. Tras estas consultas durante el primer trimestre, la Comisión elaborará propuestas específicas para las negociaciones de la ATCI.
Contexto
Los Estados miembros de la UE pidieron a la Comisión que incluyera la protección de las inversiones y la solución de diferencias entre inversores y Estados en las negociaciones de la ATCI.
Estas directrices de negociación (conocidas como «el mandato», que se ha hecho público) para negociar la ATCI contemplan la inclusión de la protección de las inversiones y de la solución de diferencias entre inversores y Estados, si se cumplen varias condiciones. Esto deja claro que la decisión sobre la conveniencia o no de incluir la solución de diferencias entre inversores y Estados se tomará durante la fase final de las negociaciones.
Las negociaciones sobre protección de las inversiones en la ATCI se han suspendido, y solo se reanudarán cuando la Comisión llegue a la conclusión de que sus nuevas propuestas garantizan, entre otras cosas, que los regímenes especiales en materia de diferencias entre inversores y Estados no limitarán la competencia jurisdiccional de los tribunales de los Estados miembros de la UE.
Habida cuenta del gran interés público en la protección de las inversiones y la solución de diferencias entre inversores y Estados en la ATCI, la Comisión organizó una consulta pública entre el 27 de marzo y el 13 de julio de 2014. En la consulta se pedían comentarios sobre si el enfoque propuesto por la UE permitiría alcanzar el adecuado equilibrio entre la protección de los inversores y la salvaguardia del derecho y la capacidad de la UE y los Estados miembros para legislar en aras del interés público. La solución de diferencias entre inversores y Estados mediante arbitraje internacional no es algo nuevo. Se incluye en más de 1 400 acuerdos sobre inversión celebrados por los Estados miembros de la UE y en unos 3 000 acuerdos en todo el mundo.
En 2009, el Tratado de Lisboa transfirió a la UE competencias para la protección de las inversiones. Desde entonces, la Comisión ha hecho importantes esfuerzos para reformar el sistema actual de protección de las inversiones y de solución de diferencias entre inversores y Estados. El enfoque propuesto por la UE es sustancialmente diferente al adoptado en los 3 000 acuerdos existentes, muchos de ellos de las décadas de los 60, 70 y 80, que contienen cláusulas tradicionales de protección de las inversiones y de solución de diferencias entre inversores y Estados. La UE ha incluido disposiciones modernizadas sobre protección de las inversiones y solución de diferencias entre inversores y Estados en sus acuerdos comerciales con Canadá (AECG) y Singapur. Las disposiciones sobre protección de las inversiones y solución de diferencias entre inversores y Estados de los acuerdos con Canadá y Singapur responden a los estándares más estrictos de transparencia, imparcialidad y responsabilidad. El enfoque se basa en el éxito de los esfuerzos de la UE en las Naciones Unidas para crear el primer sistema mundial de normas sobre transparencia en la solución de diferencias entre inversores y Estados en el marco de la CNUDMI.
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