Bruselas, 19 de noviembre de 2021
La Comisión Europea ha abierto hoy una consulta pública específica en la que se invita a todas las partes interesadas a presentar sus observaciones acerca de la propuesta de revisión de las Directrices relativas a las normas sobre ayudas estatales para redes de banda ancha (las «Directrices sobre banda ancha»). Las partes interesadas pueden responder a esta consulta hasta el 11 de febrero de 2022.
La vicepresidenta ejecutiva Margrethe Vestager, responsable de la política de competencia, ha declarado: «Invitamos ahora a todas las partes interesadas a que nos den su opinión sobre los cambios específicos que proponemos introducir en las Directrices sobre banda ancha. Deseamos facilitar a los Estados miembros el fomento del despliegue de redes de banda ancha, incluidas las redes gigabit y 5G, pero también limitar todo falseamiento de la competencia cuando el mercado no cumpla su función».
Las Directrices sobre banda ancha tienen por objeto facilitar el despliegue y la implantación de redes de banda ancha en aquellas zonas cuyos servicios de conectividad sean insuficientes, como las regiones aisladas y escasamente pobladas de la UE. En determinadas condiciones, permiten a los Estados miembros facilitar la instalación de infraestructuras modernas capaces de proporcionar a los usuarios finales servicios de conectividad asequibles y de alta calidad y reducir la brecha digital cuando los operadores comerciales no tengan incentivos para invertir. Al mismo tiempo, las Directrices tienen por objeto proteger las inversiones privadas, estableciendo la imposibilidad de intervención pública allí donde inviertan operadores privados, y fomentar una competencia leal a través de procedimientos de selección competitivos, neutralidad tecnológica y requisitos de acceso abierto.
La Comisión ha llevado a cabo una evaluación de las Directrices sobre banda ancha vigentes. Ese ejercicio ha puesto de manifiesto que las Directrices actuales funcionan bien, son adecuadas a grandes rasgos para los fines perseguidos y han contribuido de forma considerable al despliegue de redes de banda ancha. Por otro lado, la evaluación ha revelado la necesidad de introducir algunos ajustes específicos en las normas vigentes para reflejar los últimos avances tecnológicos y la reciente evolución del mercado, así como los rápidos cambios en cuanto a las necesidades de conectividad, como destacan las actuales prioridades de la UE.
Dadas esas circunstancias, la Comisión propone una serie de cambios específicos. Concretamente, la revisión propuesta consiste en:
- Introducir nuevos umbrales de velocidad para la ayuda pública a las redes fijas gigabit y nuevas directrices sobre el apoyo al despliegue de redes móviles. El objetivo es: i) reflejar las crecientes necesidades de conectividad de los usuarios finales, y ii) aclarar las condiciones en las que puede concederse la ayuda, en particular en lo que se refiere a la existencia de una deficiencia del mercado y a las prestaciones que deben ofrecer las redes.
- Introducir una nueva categoría de ayuda posible en forma de medidas que incidan en la demanda y favorezcan la implantación de redes fijas y móviles (vales). La finalidad de esta disposición es garantizar la seguridad jurídica, aclarando las condiciones de compatibilidad que la Comisión aplica en relación con estas medidas sobre la base de la práctica reciente.
- Aclarar en mayor medida determinados conceptos importantes para la evaluación de las ayudas estatales llevada a cabo por la Comisión, como por ejemplo la cobertura geográfica, las consultas públicas que han de efectuarse antes de conceder la ayuda, el procedimiento de selección competitiva, las obligaciones de acceso al por mayor y la ampliación de las redes subvencionadas con fondos privados.
El proyecto de Directrices sobre banda ancha y los pormenores de la consulta pública están disponibles en línea.
Próximos pasos
Junto a la consulta abierta hoy, se celebrará un debate sobre el texto propuesto de las Directrices sobre banda ancha en una reunión entre la Comisión y los Estados miembros que tendrá lugar hacia el final del período de consulta. Este proceso garantizará que los Estados miembros y otras partes interesadas tengan oportunidades suficientes de presentar sus observaciones al proyecto de propuesta de la Comisión.
La adopción de las nuevas Directrices sobre banda ancha está prevista para mediados de 2022.
Contexto
Las Directrices de 2013 sobre ayudas estatales al despliegue de banda ancha, actualmente en vigor, permiten las inversiones públicas cuando exista una deficiencia de mercado y cuando dichas inversiones aporten una mejora significativa («cambio considerable»). Se aplican, además, otros parámetros cuya finalidad es proteger la competencia y los incentivos a la inversión privada.
Las disposiciones de las Directrices sobre banda ancha se complementan con el Reglamento General de Exención por Categorías (RGEC), que fija una serie de condiciones de compatibilidad ex ante cuyo cumplimiento permite a los Estados miembros aplicar medidas de ayuda estatal sin notificarlas previamente a la Comisión.
Entre 2014 y 2019, los Estados miembros dedicaron aproximadamente 30 000 millones EUR de fondos públicos, de conformidad con las normas sobre ayudas estatales de la UE, a colmar la brecha de inversión para el despliegue de infraestructuras de banda ancha y a alcanzar los objetivos fijados para 2020 en la Agenda Digital para Europa.
Según el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales, a mediados de 2020 el 87,2 % de los hogares europeos tenía ya acceso a banda ancha rápida con una velocidad de descarga de al menos 30 megabits por segundo (Mbps), y el 59,3 % de ellos estaban conectados a redes capaces de soportar velocidades gigabit. A finales de junio de 2020, casi todos los hogares de la UE (99,6 %) estaban cubiertos por redes móviles 4G LTE y el 13,9 % de ellos estaban cubiertos por redes 5G.
En su Comunicación sobre la sociedad del Gigabit, la Comisión determinó las necesidades de conectividad que deben satisfacerse de aquí a 2025 para construir una sociedad europea del gigabit, a saber: i) todos los hogares europeos deben tener conectividad a internet con una velocidad de descarga de al menos 100 Mbps, actualizable a 1 Gbps; ii) los motores socioeconómicos, como las escuelas, los hospitales y las administraciones públicas, así como las empresas de alta intensidad digital, deben tener conectividad gigabit (1 Gbps de carga y descarga); iii) todas las zonas urbanas y todas las principales vías de transporte terrestre deben estar cubiertas por una red 5G ininterrumpida.
En febrero de 2020, la Comisión publicó las prioridades digitales de la UE, de las que forma parte la Comunicación titulada «Configurar el futuro digital de Europa», y recordó que el pilar más esencial de la transformación digital de Europa sigue siendo una conectividad que permita alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2025.
Conforme a lo previsto en la Comunicación sobre la «Brújula Digital», de aquí a 2030 todos los hogares de la Unión deberán estar cubiertos por una red gigabit y todas las zonas pobladas deberán tener cobertura 5G. Según pone de relieve la propuesta de programa de política para la Década Digital, las necesidades de carga y descarga de ancho de banda que tiene la sociedad están aumentando constantemente. Según esa propuesta, de aquí a 2030, las redes con velocidades gigabit deberían estar disponibles, en condiciones accesibles, para todos aquellos que necesiten o deseen disponer de esa capacidad.
