Cómo tratar de forma más justa a los demandantes de asilo, combatir el terrorismo, el fraude fiscal, proteger los derechos de los consumidores, el contenido en línea en el Mercado Único Digital y limitar las emisiones y avanzar hacia una energía limpia para toda la ciudadanía de la UE son cuestiones que centrarán la agenda del Parlamento durante la primera mitad de 2017.
En lo referente a inmigración, está previsto que el Parlamento vote el nuevo reglamento de Dublín en 2017. La Comisión Europea apuesta por la activación automática de un mecanismo correctivo de distribución cuando se alcance un número determinado de demandantes de asilo. Sin embargo, mientras la negociación avanza, se sigue aplicando el principio del país de origen, según el cual el Estado encargado de gestionar las solicitudes de asilo es aquel por el que los demandantes entran a la Unión. Los eurodiputados quieren aseguran que se reconocen unos criterios y procedimientos de asilo comunes, así como un mecanismo obligatorio para la distribución de los demandantes entre los Estados miembros.
En materia antiterrorista, se finalizará la directiva de lucha contra el terrorismo que permitirá criminalizar en toda la UE no solamente la comisión de ataques terroristas, sino también otras ofensas terroristas como los viajes con fines terroristas, la facilitación de tales viajes, la recepción de formación y la financiación de estas actividades. El Parlamento logró un acuerdo con el Consejo en noviembre. Para que la medida pueda entrar en vigor aún requiere el voto final en la sesión plenaria de la Eurocámara y la firma del Consejo a principios de 2017.
Además de esto, la UE negocia el reglamento sobre geobloqueo, dirigido a asegurar que los consumidores que compran productos y servicios en otro país de la UE, especialmente en línea, tienen los mismos derechos que los consumidores basados en ese país. Esto significa, que puedan disfrutar de los mismos precios, acceder a las mismas ofertas de ventas y métodos de pago, a menos que las diferencias queden objetivamente justificadas por razones como el IVA.
El Parlamento también trabaja sobre la reforma del sistema de comercio de emisiones de gases de efecto invernadero. Se trata posiblemente de la normativa comunitaria sobre cambio climático más importante que se gestionará durante esta legislatura.
