Eurodiputados afirman que la financiación de la acción exterior de la UE debería apoyar los objetivos de desarrollo, clima y medio ambiente, y promover la democracia, el estado de derecho y los Derechos Humanos.
El pasado lunes 4 de marzo, la Comisión de Asuntos Exteriores y Desarrollo del Parlamento Europeo adoptó su posición conjunta sobre la propuesta del Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional.
El nuevo instrumento financiero, una vez aprobado por el Parlamento y los Ministros de la UE, contará con un presupuesto propuesto 93.154 millones de euros para el período 2021-2027, un incremento de casi 4 mil millones de comparado con la propuesta de la Comisión.
El instrumento combina en uno solo la mayoría de los instrumentos de financiación externa de la UE, incluido el Fondo Europeo de Desarrollo. Una vez que entre en vigor, será la principal herramienta de la UE para promover la cooperación con países terceros, sean vecinos o no, y para implementar sus compromisos internacionales derivados de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 y el Acuerdo de París sobre cambio climático. Concretamente, los eurodiputados proponen que un 45% del los fondos del instrumento apoyen objetivos medioambientales y climáticos.
El nuevo instrumento establecerá también un marco (El Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible Plus) para la inversión extranjera con la intención de aumentar los recursos financieros adicionales para el desarrollo sostenible desde el sector privado.
Además, los eurodiputados consideran que la promoción de la democracia, el estado de derecho y el respeto a los Derechos Humanos son un objetivo central de la Acción Exterior de la UE. Por tanto, los países que retrocedan deberían enfrentarse a una suspensión de los fondos de la UE. Además, los eurodiputados proponen un incremento de al menos 2 mil millones a los fondos destinados a actividades relacionadas con la democracia y los Derechos Humanos.
Ahora, el pleno votará el texto durante la sesión plenaria que tendrá lugar en Estrasburgo entre el 25 y 28 de marzo. Para entrar en vigor deberá ser acordado por el Parlamento y el Consejo.
