Los eurodiputados llegan a un acuerdo provisional con el Consejo por el que los Estados miembros que no respeten el Estado de Derecho podrán perder el acceso a los fondos de la UE.
El acuerdo, que ahora debe ser adoptado formalmente por el Parlamento y los ministros de la UE, ha sido calificado por algunos europarlamentarios como un hito en la protección de los valores de la UE, que permitirá dejar de financiar a los gobiernos que no respeten estos valores, especialmente el Estado de Derecho y la independencia del poder judicial, sin castigar a los beneficiarios finales por las malas acciones de sus gobiernos.
El mecanismo de condicionalidad abarcará todas las violaciones del Estado de Derecho: desde las violaciones individuales hasta las violaciones sistémicas o recurrentes y pretende responder a las expectativas de los ciudadanos europeos.
Los eurodiputados lograron que la nueva ley no sólo se aplique cuando los fondos de la UE se utilicen directamente, como en los casos de corrupción o fraude. También se aplicará a los aspectos sistémicos vinculados a los valores fundamentales de la UE que todos los Estados miembros deben respetar, como la libertad, la democracia, la igualdad y el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las minorías.
Los negociadores del Parlamento también insistieron en que el fraude y la evasión fiscal se consideran posibles infracciones, al incluir tanto casos individuales como cuestiones generalizadas y recurrentes.
Además, lograron que se incluyera un artículo específico que aclara el posible alcance de las infracciones mediante la enumeración de casos, como la amenaza a la independencia del poder judicial, la no corrección de decisiones arbitrarias o ilegales y la limitación de recursos jurídicos.
Los diputados lograron mantener un fuerte aspecto preventivo para el mecanismo: no solo puede activarse cuando se demuestra que una infracción afecta directamente al presupuesto, sino también cuando existe un grave riesgo de que lo haga, asegurando así que el mecanismo evite posibles situaciones en las que los fondos de la UE pudiesen financiar acciones en conflicto con los valores de la UE.
Para garantizar que los beneficiarios finales que dependen de la ayuda de la UE -como los estudiantes, los agricultores o las ONG- no sean castigados por las acciones de sus gobiernos, los eurodiputados insistieron en que pueden presentar una denuncia a la Comisión a través de una plataforma web, que les ayudará a asegurarse de que reciben las cantidades debidas. La Comisión también tendrá la posibilidad de hacer una corrección financiera reduciendo la próxima cuota de la ayuda de la UE al respectivo país en cuestión.
La Comisión, después de establecer la existencia de una infracción, propondrá poner en marcha el mecanismo de condicionalidad contra un gobierno de la UE. El Consejo tendrá entonces un mes para adoptar las medidas propuestas (o tres meses en casos excepcionales), por mayoría cualificada. La Comisión hará uso de sus derechos para convocar al Consejo y asegurarse de que se respete el plazo.
Fuente: Newsletter de la Junta de Andalucía en Bruselas
