Los negociadores del Parlamento Europeo afirman que todavía está todo por acordar en este sentido.
El 3 de mayo de 2018 la Comisión presentó la propuesta de Reglamento sobre la protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas en lo que respecta al Estado de Derecho en los Estados miembros, basada en el artículo 322.1.a) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en el artículo 106a del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica.
En la propuesta se definen las deficiencias generalizadas en lo que respecta al Estado de Derecho, entre las que figuran, en particular, poner en peligro la independencia del poder judicial, no prevenir, corregir y sancionar las decisiones arbitrarias o ilegales de las autoridades públicas y limitar la disponibilidad y eficacia de los recursos jurídicos. Si la Comisión encuentra en uno de los Estados miembros deficiencias generalizadas en lo que respecta al Estado de Derecho como las descritas anteriormente, puede recurrir a medidas de protección que incluyen la suspensión o reducción de los pagos con cargo al presupuesto de la UE y la prohibición de contraer nuevos compromisos jurídicos.
El Parlamento Europeo ha estado dispuesto a iniciar negociaciones interinstitucionales sobre el reglamento de condicionalidad del Estado de Derecho desde enero de 2019, cuando los diputados aprobaron su posición en primera lectura. Sin embargo, tras concluir la cuarta ronda de negociaciones legislativas informales con el Consejo, los negociadores del PE dijeron el jueves que no habían llegado a un compromiso sobre el mecanismo de condicionalidad del Estado de Derecho y que todo está aún por acordar.
La principal demanda del Parlamento ha sido vincular eficazmente los fondos de la UE al respeto del Estado de Derecho y los derechos fundamentales en los Estados miembros, mediante un "mecanismo aplicable" que pueda activarse eficazmente. También han pedido que se proteja a los destinatarios finales de los fondos de la UE y que se incluya al Parlamento en el proceso de toma de decisiones
En una reciente encuesta realizada en toda la UE (octubre de 2020), el 77% de los europeos insistió en que la UE sólo debería proporcionar fondos a los Estados miembros si el gobierno nacional aplica el Estado de Derecho y los principios democráticos.
Después de las discusiones internas en el Parlamento Europeo, las conversaciones continuarán en noviembre, cuando los colegisladores se reunirán para el quinto diálogo tripartito sobre un mecanismo para vincular los fondos de la UE al respeto del estado de derecho.
Fuente: Newsletter de la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas
