Tras la prohibición de las prácticas comerciales desleales y la mejora de la cooperación de los productores, la Comisión propone introducir mayor transparencia en lo que concierne a la forma de comunicar los precios a lo largo de la cadena de suministro de alimentos.
La Comisión Europea presentó la semana pasada una propuesta que permitirá disponer de información crucial sobre la manera en que se determinan los precios a medida que los productos agroalimentarios pasan por las distintas etapas de la cadena de suministro de alimentos.
Si bien es cierto que abunda la información sobre los precios, volúmenes de producción y existencias en los mercado agrícolas, prácticamente no existen datos de mercado sobre otros elementos clave de la cadena de suministro agroalimentaria, a saber, los mercados que operan entre los agricultores y los consumidores a nivel de la transformación de alimentos y a nivel del comercio minorista. Esta asimetría informativa entre los agricultores y los demás agentes de la cadena de suministro de alimentos provoca que los agricultores se encuentren en una situación de notable desventaja en el mercado así como merma la confianza en un comercio justo. La falta de información procedente de los transformadores y minoristas sobre la evolución del mercado ha sido denominada la «caja negra» de la cadena agroalimentaria, caja que se pretende abrir ahora con la propuesta de la Comisión.
Las medidas propuestas se aplicarán a los sectores de la carne, los huevos, los productos lácteos, las frutas y hortalizas, los cultivos herbáceos, el azúcar y el aceite de oliva. Toman como base los sistemas y procedimientos de recogida de datos que ya existen y que utilizan los operadores y los Estados miembros para notificar la información de mercado a la Comisión, si bien ahora su ámbito de aplicación será más amplio. Cada Estado miembro será responsable de la recogida de datos sobre precios y mercados, así como de comunicar los datos a la Comisión. Por su parte, la Comisión, a través del portal de datos agroalimentarios y los observatorios de los mercados de la UE, facilitará una correcta supervisión.
La propuesta se somete ahora a un período de consulta pública de cuatro semanas. A continuación será adoptada por la Comisión Europea y está previsto que entre en vigor seis meses después de su adopción.
