La Comisión publica un informe revisando la aplicación de las políticas y normas de la UE en materia de economía circular, naturaleza, biodiversidad, calidad del aire y gestión del agua.
La Comisión ha publicado la segunda Revisión de la Aplicación de Normativa Medioambiental, englobada en una iniciativa lanzada en 2016 para una mejor aplicación de las políticas y normas europeas en materia de medio ambiente. La Revisión pasa revista al estado de las políticas medioambientales y la aplicación de las normas en cada país de la UE, para determinar tanto sus logros como las causas de las deficiencias en ejecución. Todo ello con el objetivo de dar con soluciones y ayudar a los responsables nacionales indicando qué prioridades requieren su atención.
El paquete consta de 28 informes por países en los que se da cuenta del estado de aplicación de la legislación europea en materia de medio ambiente y las posibilidades de mejora para cada Estado miembro. Asimismo, en una Comunicación se extraen conclusiones, se definen tendencias comunes a toda la UE y se formulan recomendaciones para todos los Estados miembros.
El informe para España destaca como principales progresos la estrategia nacional elaborada para fomentar la economía circular y la mejora considerable en gestión de las aguas. En concreto, se observa una mejora en relación a la cantidad y calidad de la información recogida en los planes hidrológicos, con arreglo a la Directiva Marco del Agua. Asimismo, se destacan ciertos progresos logrados en la elaboración de planes para la gestión de los espacios Natura 2000.
El informe también pone en valor las estrategias aprobadas por algunas Comunidades Autónomas en clave de fomento de la economía circular, entre las cuales figura la estrategia andaluza. Además se pone de relieve la participación española en iniciativas y redes urbanas de la UE. Por ejemplo, se destaca el Pacto de los Alcaldes de la UE y a Andalucía como una de las Comunidades Autónomas con mayor número de compromisos firmados.
Por otro lado, la gestión de los residuos y de las aguas residuales urbanas sigue planteando un reto importante en España. La Comisión recomienda que se siga invirtiendo en infraestructuras para mejorar el tratamiento de las aguas y la optimización del suministro, a fin de que se puedan reportar mayores beneficios medioambientales, económicos y sociales a España. Además, la Comisión pone de manifiesto en su informe que España sigue siendo uno de los Estados miembros de la UE con un menor porcentaje de impuestos medioambientales.
Por último, se destaca que todos los Estados miembros han utilizado el programa P2P, creado en 2017, que facilita el aprendizaje recíproco entre las administraciones responsables de medio ambiente.
