El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión han llegado a un acuerdo político sobre un nuevo conjunto de normas que ofrecerán protección a la totalidad de los agricultores de la UE y a una gran mayoría de las empresas agroalimentarias de la Unión frente a las prácticas contrarias a los principios de buena fe y comercio justo.
La nueva legislación europea regulará los productos agrícolas y alimenticios que se comercializan en la cadena de suministro de alimentos y prohibirá por primera vez hasta dieciséis prácticas comerciales desleales impuestas unilateralmente por un socio comercial a otro. Otras prácticas solo se permitirán si están sujetas a un acuerdo previo claro y sin ambigüedades entre las partes.
La Comisión Europea presentó su propuesta legislativa en abril de 2018 para garantizar una mayor equidad en la cadena de alimentos y ofrecer una protección mínima en toda la UE. Es la primera vez que se aplicarán normas a escala de la UE en este ámbito. El nuevo marco concede a los Estados miembros la autoridad necesaria para hacer cumplir la nueva reglamentación e imponer sanciones en caso de infracciones constatadas
Phil Hogan, comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, que asistió a la última reunión de negociación con los representantes del Parlamento Europeo y del Consejo, afirmó lo siguiente: «El acuerdo alcanzado hoy allana el camino para una nueva normativa de la UE que proporciona un considerable nivel de protección a todos los agricultores, a sus organizaciones y a las pequeñas y medianas empresas de la UE. De ahora en adelante contarán con protección contra todos los grandes agentes económicos que actúen de manera desleal y al margen de las normas. Deseo expresar mi agradecimiento a todos los negociadores, cuyos constructivo enfoque y esfuerzo han hecho posible el acuerdo político de hoy. Estoy especialmente satisfecho de que el acuerdo se haya alcanzado a los ocho meses de la presentación de la propuesta por la Comisión, lo que supone un periodo asombrosamente breve».
El acuerdo alcanzado ayer se aplicará a cualquier agente que participe en la cadena de suministro de alimentos con un volumen de negocios de hasta 350 millones de euros; por debajo de ese umbral, se ofrecerán diferentes niveles de protección. Las nuevas normas se aplicarán a minoristas, empresas de transformación de alimentos, mayoristas, cooperativas u organizaciones de productores, o a simples productores que realicen alguna de las prácticas comerciales desleales detectadas.
Entre las prácticas comerciales desleales que deben prohibirse cabe citar: las demoras en los pagos de productos alimenticios perecederos, las cancelaciones de última hora, las modificaciones unilaterales o retroactivas de los contratos, la obligación de que el proveedor se haga cargo de los gastos de los productos echados a perder y el rechazo de los contratos escritos.
Otras prácticas solo se permitirán si están sujetas a un acuerdo previo claro y sin ambigüedades entre las partes: un comprador que devuelva productos alimenticios no vendidos al proveedor; un comprador que cargue al proveedor unos gastos por asegurar o mantener un acuerdo de suministro de productos alimenticios, o un proveedor que corra con los gastos de una campaña de promoción, publicitaria o de comercialización de un comprador.
La aplicación de estas normas no se traducirá en unos precios más altos para los consumidores. En la consulta pública realizada por la Comisión antes de presentar la propuesta, las organizaciones de consumidores defendieron la regulación de estas prácticas debido al efecto negativo que tienen sobre los consumidores a largo plazo.
Un aspecto importante de la Directiva es que los Estados miembros pueden fijar un umbral superior a los 350 millones de euros en su legislación nacional o adoptar medidas adicionales si lo consideran oportuno. El acuerdo también incluye una cláusula de revisión al cabo de cuatro años, lo que significa que las disposiciones del texto legislativo tendrán que evaluarse y posiblemente examinarse de nuevo en el transcurso del próximo mandato parlamentario.
Los Estados miembros deberán designar las instancias que se ocupen de hacer cumplir las nuevas normas, así como de imponer multas e iniciar investigaciones basadas en denuncias. Quienes presenten una denuncia podrán solicitar el derecho a la confidencialidad para disipar las preocupaciones sobre posibles represalias. La Comisión creará un mecanismo de coordinación entre las instancias encargadas de hacer cumplir la normativa con objeto de facilitar el intercambio de buenas prácticas.
Tras el acuerdo alcanzado ayer, deberá procederse ahora a una votación en el Parlamento Europeo y el Consejo para adoptar oficialmente el texto. Una vez adoptado plenamente, los Estados miembros tendrán que incorporar el nuevo texto legislativo en su Derecho nacional.
Contexto
El programa de trabajo de la Comisión para 2018 establece que «la Comisión propondrá medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena de suministro de alimentos con el fin de ayudar a los agricultores a fortalecer su posición en el mercado y protegerlos de futuras crisis».
Esta iniciativa se ajusta a las referencias a la cadena de suministro de alimentos que hizo el presidente Juncker en sus discursos sobre el estado de la Unión de 2015 y 2016, y constituye una respuesta política a la resolución del Parlamento Europeo adoptada en junio de 2016, en la que se invitaba a la Comisión Europea a presentar una propuesta para un marco a escala de la Unión relativo a las prácticas comerciales desleales. Además, en diciembre de 2016, el Consejo instó a la Comisión a que llevara a cabo una evaluación de impacto con vistas a proponer un marco legislativo de la UE, u otras medidas no legislativas, con objeto de abordar las prácticas comerciales desleales.
La Comisión ha estado trabajando en pro de una cadena de suministro de alimentos más justa y equilibrada desde el principio de su mandato. En 2016 la Comisión creó el Grupo operativo sobre mercados agrícolas (AMTF) para evaluar el papel de los agricultores en el conjunto de la cadena de suministro de alimentos y elaborar recomendacionesdirigidas a reforzarlo. Sobre la base de estas recomendaciones, la Comisión puso en marcha una evaluación inicial de impacto y una consulta pública sobre la mejora de la cadena de suministro de alimentos en 2017, lo que a su vez ha contribuido a determinar las prácticas comerciales desleales específicas a las que los agentes económicos consideran que están expuestos con frecuencia.
Una reciente encuesta de opinión a escala de la UE publicada en febrero de 2018 pone de relieve que una gran mayoría de los encuestados (un 88 %) considera importante reforzar el papel de los agricultores en la cadena de suministro de alimentos. El 96 % de los participantes en la consulta pública de 2017 sobre la modernización de la PAC estuvieron de acuerdo con la propuesta de mejorar la posición de los agricultores en la cadena de valor, también con que abordar las prácticas comerciales desleales debería ser un objetivo de la política agrícola común de la Unión.
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