La imposición de medidas arancelarias contra el sector de la aceituna negra de mesa española, el 24 de julio, se tomó sin unanimidad por parte del Departamento de Comercio de Estados Unidos sin haberse explicado los motivos oficialmente.
Con tres votos a favor, uno en contra y la ausencia de voto por un quinto miembro del comité se confirmaron el pasado martes los aranceles impuestos por el Departamento de Comercio el pasado 11 de julio (34,75%, correspondiendo un 20% al procedimiento antidumping y un 14,75% al procedimiento antisubvención), con el agravante de que puedan prorrogarse cinco años más, una posibilidad que permite la normativa norteamericana.
Esta decisión acarreará gravísimas consecuencias para un sector que genera más de dos millones de jornales y 8.000 puestos de trabajo en Andalucía, que lidera las ventas de aceituna negra española, con un 77% de la producción nacional y con un volumen de exportación de 70 millones de euros a Estados Unidos.
El lunes pasado estaba prevista la comunicación oficial sobre los motivos que habían llevado a sancionar a las exportaciones de aceituna negra española, cosa que no se realizó finalmente, teniendo en cuenta que a partir de dicha comunicación oficial se podrá iniciar la vía judicial. Se espera no obstante al 12 de diciembre para presentar oficialmente el recurso ante el Tribunal de Comercio Internacional del Sistema judicial de Estados Unidos.
Por su parte el Gobierno de España ha reiterado que respaldará la decisión de la Unión Europea de acudir ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), ya que, en declaraciones recientes del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, “La subida de aranceles a la aceituna española no tiene fundamento económico ni técnico y puede poner en tela de juicio las normas de comercio internacional".
