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La Comisión intensifica la ejecución del Derecho de la UE en beneficio de los ciudadanos, los consumidores y las empresas.

15 · diciembre · 2016 | Noticias

La Comisión ha publicado esta semana una comunicación sobre la manera en que intensificará sus esfuerzos en materia de aplicación, ejecución y cumplimiento del Derecho de la UE en beneficio de todos los ciudadanos, los consumidores y las empresas.

Las normas europeas comunes importan en nuestra vida cotidiana, al aumentar la seguridad alimentaria, mejorar la calidad del aire o facilitar y abaratar para las pymes la presentación de ofertas en licitaciones públicas, entre otras cuestiones.

Los Estados miembros tienen la responsabilidad primordial de velar por la plena y correcta transposición, aplicación y ejecución del Derecho de la UE. Además, deben facilitar a sus ciudadanos el acceso a vías de recurso rápidas y eficaces cuando resulten afectados sus derechos en virtud de la legislación de la UE.

La Comisión seguirá ayudando a los Estados miembros de muchas maneras. Por ejemplo, establecerá diálogos de alto nivel, redes e intercambios de mejores prácticas en cooperación con las autoridades y los órganos jurisdiccionales nacionales y la Red Europea de Defensores del Pueblo, coordinada por el Defensor del Pueblo Europeo. La Comisión también seguirá centrándose en hacer frente a las posibles infracciones del Derecho de la UE precoz y rápidamente.

Otra prioridad será investigar los casos en que los Estados miembros transpongan de manera incorrecta el Derecho de la UE al Derecho nacional o no lo hagan en absoluto. Esto niega a los ciudadanos y las empresas los derechos y las ventajas de que disfrutan en virtud del Derecho europeo.

El planteamiento establecido en esta Comunicación [«Mejores resultados mediante una mejor aplicación», C(2016) 8600], se aplicará a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la UE (DO). Toda persona puede presentar una denuncia ante la Comisión contra un Estado miembro, de forma gratuita, en relación con cualquier disposición (ley, reglamento o medida administrativa), falta de disposición o práctica imputable a dicho Estado miembro que considere contraria al Derecho de la Unión.

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