El pasado 2 de febrero el Parlamento Europeo respaldó la creación de una plataforma europea que tiene como objetivo combatir aquellas actividades laborales no declaradas a las Haciendas o Inspecciones de Trabajo de los Estados miembros.
Se trata de una mejora en la cooperación entre los Ministerios de Empleo de los Estados miembros, patronales y sindicatos. Así, durante el debate en pleno, la búlgara Georgi Pirinki, del grupo S&D, afirmó que “el objetivo es ampliar las capacidades de los Estados miembros para hacer frente a los numerosos problemas derivados del trabajo no declarado mediante el refuerzo de la cooperación dentro de la UE. La plataforma se centrará en prevenir, desincentivar y combatir todas las formas de empleo no declarado, así como en impulsar su conversión en puestos de trabajo reconocidos”.
Este tipo de prácticas, por las que se desarrollan actividades remuneradas y legales que no se declaran a las autoridades, constituyen el 18% del PIB de la UE, y suponen hasta el 30% del PIB para países como Bulgaria; el país de la UE con un nivel más bajo es Austria con un 8%, según datos de Eurofund.
Los puestos de trabajo más afectados por la economía sumergida se encuentran dentro del tercer sector, resaltando la construcción, los servicios domésticos, la seguridad privada, la hostelería y la agricultura dentro del sector primario. Este proyecto legislativo será aprobado por el Consejo de Ministros para posteriormente ser publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea; sin embargo, no se prevé que por el momento se armonicen las normativas nacionales respecto a esta cuestión.
