El acuerdo climático de París reconoce la importancia de ciudades y regiones en la lucha contra el cambio climático, una causa defendida por el Comité de las Regiones Europeo. España es el segundo país europeo en número de ciudades comprometidas con el medio ambiente a través del Pacto de Alcaldes. Según el último informe de la Comisión Europea, España alcanzaría los objetivos energéticos fijados por la UE en 2020.
El calentamiento del planeta es sin duda un problema global, pero las soluciones para remediarlo tendrán que llevarse a cabo, ineludiblemente, a nivel local. Según estimaciones de UNDP, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, las autoridades locales, ayuntamientos y entes regionales, son responsables de la puesta en práctica del 70 % de las medidas encaminadas a reducir el calentamiento global y hasta del 90 % de las de adaptación al cambio climático.
«Las ciudades y regiones de Europa depositan esperanzas en el acuerdo, sobre todo porque es jurídicamente vinculante y porque por primera vez el acuerdo reconoce el papel de los gobiernos locales en la lucha contra el cambio climático» ha declarado el finlandés Markku Markkula, presidente del Comité de las Regiones, el órgano Europeo que agrupa a los representantes de más de 350 ciudades y regiones de toda Europa.
Las ciudades españolas se comprometen por el clima
En España, las reacciones al acuerdo sobre el clima no se han hecho esperar. Iñigo de la Serna, Alcalde de Santander y miembro de la delegación española del Comité de la Regiones afirma que «el aplauso unánime y el consenso alcanzado en París es un buen síntoma. Es un acuerdo ambicioso que lleva aparejada una importantísima inversión, de 100.000 millones de dólares anuales, aunando por tanto voluntad política y dotación económica, dos elementos imprescindibles para el éxito. Desde los ayuntamientos tenemos que implicarnos al máximo en la preservación del medio ambiente y en la lucha contra el cambio climático».
También positiva aunque con un matiz importante ha sido la posición de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), presidida actualmente por el Alcalde de Vigo Abel Caballero. La FEMP asegura que «el acuerdo reconoce de manera explícita el papel de los gobiernos locales en la lucha contra el cambio climático, pero no articula los mecanismos de implicación en las políticas climáticas y, sin embargo, los gobiernos locales tenemos mucho que decir a la hora de decidir las medidas que se deben adoptar y en la formulación de las políticas nacionales e internacionales». La FEMP estuvo representada en la Cumbre de París por el Alcalde de Móstoles, David Lucas y el Alcalde de Sevilla y Presidente de la Red Española de Ciudades por el Clima , Juan Espadas.
La movilización de ciudades y regiones españolas a favor del clima es considerable. Con casi 1500, España es, después de Italia, el país con mayor número de colectividades adheridas al Pacto de Alcaldes, la iniciativa emblemática de la Unión Europea por la que regiones y ciudades se comprometen a ir más allá de los objetivos europeos en energía y cambio climático. Hasta la fecha, un total de más de 6.500 entes locales y regionales de toda Europa se han inscrito al Pacto, sumando unos 200 millones de ciudadanos.
El estado de la unión energética europea: España por buen camino
Los compromisos y resultados obtenidos por las ciudades españolas en términos de reducción del consumo energético, de promoción e instalación de fuentes de energías renovables y las políticas locales para reducir la contaminación están dando sus frutos. España en su conjunto sale bien parada en el informe recientemente publicado por la Comisión Europea sobre el avance de los Estados miembros en la consecución de los objetivos energéticos fijados para el año 2020.
En cuanto a renovables, España alcanzó casi un 16% de producción a través de fuentes limpias en el 2014, situándola en buen camino para conseguir el objetivo del 20% para el año 2020.
Las emisiones de gases de efecto invernadero per cápita en España son inferiores a la media europea en un 20%. Según los pronósticos de la Comisión, España debería alcanzar el objetivo de disminuir sus emisiones en un 20% en relación a los niveles de 1990 con una diferencia porcentual de dos puntos.
El mismo informe resume las inversiones anunciadas para el periodo 2014-2020 a través de los fondos de cohesión, que contribuirán a que España siga avanzando hacia una economía baja en carbono. Se prevén inversiones en redes inteligentes de distribución por valor de casi 250 millones de euros. En cuanto a eficiencia energética, la Unión Europea desembolsará más de mil millones en los próximos cinco años, contribuyendo a la reducción de consumo energético de edificios públicos, residenciales y de empresas privadas de toda España. Unos 2.400 millones adicionales se emplearán para reducir las emisiones del sector del transporte y 650 millones se destinarán al desarrollo de fuentes de energía renovables.
Se espera que les inversiones de la política de cohesión de la UE en España contribuyan a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en 6.580.000 toneladas al año.
