Según la Agencia Europea para los Derechos Fundamentales (FRA), las prácticas relativas a la participación de los niños en procesos judiciales varían según el estado miembro e incluso dentro de los mismos y no siempre están adaptadas a los menores. En consecuencia, se hace necesario adoptar normas claras y coherentes, controlar su cumplimiento y sensibilizar y formar a los profesionales.
Las cifras son claras respecto a la participación de los menores en procesos judiciales: en 2010 en 10 estados miembros se contabilizó que unos 74.000 niños habían sido víctimas de crímenes y que casi medio millón se vieron afectados por el divorcio de sus padres, por lo que la adopción de medidas claras y protectoras con los menores es un asunto necesario.
En base a lo anterior, el derecho a ser escuchado es una de las cuestiones más importantes, y aunque ya ha habido avances en el ámbito penal, todavía queda mucho por hacer en el civil. Es necesario que existan salas adaptadas para estos menores y con profesionales altamente cualificados para la toma de declaración al niño o niña.
El derecho a la información del menor varía según el país, por lo que es necesario un flujo de información con el menor adaptado a sus características y que explique tanto sus derechos como el desarrollo del proceso judicial, cuestión que puede redundar en una mayor confianza del niño en la justicia.
También existe un déficit en la aplicación de normas relativas al respeto a la vida privada del menor y a su protección, resultando imprescindible la utilización de salas separadas para evitar cualquier contacto con la parte contraria.
Otro de los derechos que debe estar especialmente protegido es el de igualdad de trato, ya que en muchas ocasiones los profesionales no tienen la experiencia requerida para tratar con menores procedentes de minorías étnicas o con algún tipo de discapacidad.
