La Comisión Europea ha adoptado una revisión de las Directrices de la UE sobre ayudas estatales de finalidad regional (las «Directrices sobre ayudas regionales»), en las que se establecen las normas con arreglo a las cuales los Estados miembros pueden conceder ayudas estatales a las empresas para fomentar el desarrollo económico de las zonas desfavorecidas de la UE, garantizando al mismo tiempo la igualdad de condiciones de competencia entre los Estados miembros. Estas Directrices revisadas entrarán en vigor el 1 de enero de 2022.
Las Directrices sobre ayudas regionales son el primer conjunto de normas sobre ayudas estatales que se revisan tras el anuncio efectuado en el Pacto Verde Europeo y las Estrategias Industrial y Digital Europeas.
Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva y comisaria responsable de la política de competencia, ha declarado: «Las nuevas Directrices sobre ayudas estatales con finalidad regional adoptadas hoy permitirán a los Estados miembros ayudar a las regiones europeas menos favorecidas a recuperar su retraso y a reducir las disparidades existentes en términos de bienestar económico, renta y desempleo. Estos objetivos de cohesión ocupan un lugar central en nuestra Unión. Además, hemos ampliado las posibilidades de que los Estados miembros ofrezcan apoyo a las regiones que se enfrentan a dificultades derivadas de la transición o de carácter estructural, como la despoblación, con el fin de que las Directrices contribuyan de lleno a las transiciones ecológica y digital, sin dejar de asegurar la igualdad de condiciones de competencia entre Estados miembros.»
Las ayudas regionales son un importante instrumento utilizado por los Estados miembros para impulsar el desarrollo regional. La Comisión adoptó las Directrices sobre ayudas regionales revisadas tras una evaluación de las normas vigentes llevada a cabo en 2019 y una amplia consulta acerca del proyecto de texto entre todas las partes interesadas como los Estados miembros, las autoridades regionales y locales, las asociaciones empresariales, los grupos de interés, las propias empresas y los ciudadanos.
Las Directrices revisadas sobre ayudas regionales incluyen una serie de ajustes específicos para simplificar y reflejar la experiencia adquirida con la aplicación de las normas anteriores, así como para plasmar las nuevas prioridades de actuación relacionadas con el Pacto Verde Europeo y las Estrategias Industrial y Digital Europeas. Los principales elementos de las Directrices revisadas son los siguientes:
- Aumento de la cobertura global de las ayudas regionales al 48 % de la población de la UE (anteriormente era del 47 %) y actualización de la lista de zonas asistidas «a» y de zonas predeterminadas «c» con arreglo a las estadísticas más recientes de Eurostat sobre el PIB (2016-2018) y el desempleo (2017-2019). Los criterios de asignación para las zonas asistidas, que han demostrado funcionar correctamente durante el período anterior, no se han modificado. Al mismo tiempo, Los Estados miembros tendrán una mayor flexibilidad para asignar las llamadas zonas «c» no predeterminadas en los mapas: junto a los criterios ya existentes, la Comisión ha introducido una simplificación que permite a los Estados miembros atribuir fácilmente la cualificación de zona «c» no predeterminada a las zonas de transición justa, que se enfrentan a retos específicos relacionados con la transición.
- Aumento de las intensidades máximas de ayuda para apoyar los objetivos del Pacto Verde Europeo y de la Estrategia Digital, facilitando incentivos adicionales para las inversiones en las zonas desfavorecidas de la UE. Además, las Directrices incluyen diversas bonificaciones de la intensidad de ayuda: i) para las regiones ultraperiféricas, ii) para las zonas fronterizas, iii) para las zonas de transición justa en las zonas más desfavorecidas y iv) para las zonas con despoblación. Las pequeñas y medianas empresas (pymes) también mantienen unas intensidades máximas de ayuda más elevadas que las grandes empresas.
- Validez de los mapas de ayudas regionales para el período 2022-2027, con una revisión intermedia prevista para 2023 sobre la base de estadísticas actualizadas, con el fin de reflejar la evolución más reciente de la economía y de permitir a las regiones recuperarse de la crisis.
- Simplificación general de la estructura de las Directrices, aclaración de algunas de las definiciones y la terminología, e introducción de cambios específicos derivados del Pacto Verde Europeo y de las Estrategias Industrial y Digital de la UE. Se han actualizado, por ejemplo, el ámbito de aplicación sectorial de las Directrices y los criterios seguidos para equilibrar las repercusiones positivas de la ayuda con sus consecuencias negativas sobre la competencia y el comercio. Este ejercicio puede tomar ahora en consideración otros efectos positivos y negativos, como la contribución sustancial a la transición ecológica y digital o algunas externalidades negativas derivadas de ellas.
Al mismo tiempo, las Directrices sobre ayudas regionales mantienen sólidas salvaguardas que impiden a los Estados miembros usar dinero público para activar la deslocalización de puestos de trabajo de un Estado miembro de la UE a otro, protección que es esencial para una competencia leal en el mercado único
Las Directrices revisadas sobre ayudas regionales revisadas entrarán en vigor el 1 de enero de 2022, fecha que deja a los Estados miembros el tiempo suficiente para preparar sus mapas de ayudas regionales. Los Estados miembros pueden ya notificar a la Comisión sus futuros mapas de ayudas regionales, los cuales serán objeto de decisiones individuales.
Contexto
Europa siempre se ha caracterizado por unas considerables disparidades regionales en lo que respecta al bienestar económico, los ingresos y el desempleo. Las ayudas regionales pretenden contribuir al desarrollo económico de las zonas desfavorecidas de Europa, garantizando al mismo tiempo una igualdad de condiciones de competencia entre Estados miembros.
En las Directrices sobre ayudas regionales, la Comisión expone las condiciones en las que las ayudas de finalidad regional podrán ser consideradas compatibles con el mercado interior, y establece los criterios para delimitar las zonas que cumplen las condiciones del artículo 107, apartado 3, letras a) y c), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea («zonas a» y «zonas c», respectivamente). En los anexos de las Directrices se determinan las regiones más desfavorecidas, las denominadas «regiones a» —que incluyen las regiones ultraperiféricas y aquellas cuyo PIB per cápita es inferior o igual al 75 % de la media de la UE—, y las «regiones c» predeterminadas, constituidas por antiguas «zonas a» y zonas poco pobladas.
Los Estados miembros tienen ahora la posibilidad de designar las llamadas «zonas c no predeterminadas», hasta una cobertura máxima previamente definida (cuyas cifras figuran también en los anexos I y II de las Directrices) y con arreglo a determinados criterios. Los Estados miembros han de notificar su propuesta de mapas de ayudas regionales a la Comisión para su aprobación.
Por consiguiente, las Directrices contienen también normas relativas a los criterios conforme a los cuales los Estados miembros pueden elaborar mapas de ayudas regionales para señalar las zonas geográficas en las que las empresas pueden recibir ayudas estatales regionales (zonas asistidas) y el nivel de estas (intensidad de la ayuda).
Como parte de la revisión de las normas de competencia que está llevando a cabo la Comisión para garantizar que estas sigan estando adaptadas al cambiante entorno del mercado, en enero de 2019 se inició la evaluación de las Directrices sobre ayudas regionales. Esta evaluación se inscribió en el contexto de un «control de adecuación» de las normas sobre ayudas estatales adoptadas como parte del paquete de modernización de las ayudas estatales de 2012, cuyo objetivo es evaluar si las normas vigentes siguen siendo adecuadas para su finalidad. La evaluación se basó en análisis internos de la Comisión y en consultas públicas, así como, en determinados casos, en estudios elaborados por consultores externos o en consultas específicas a determinadas partes interesadas.
El 30 de octubre de 2020, la Comisión publicó un documento de trabajo interno en el que resumía los resultados de ese ejercicio de evaluación. Este permitió llegar a la conclusión de que, en general, el sistema y las normas de control de las ayudas estatales son adecuados para su finalidad. Sin embargo, algunas disposiciones concretas, como las Directrices sobre ayudas regionales, necesitaban cierto grado de adaptación consiguiente también al reciente Pacto Verde Europeo y a las Estrategias Industrial y Digital de la UE.
Habida cuenta de que las normas sobre ayudas estatales son una parte vital de la transición ecológica, en consonancia con la Comunicación de la Comisión sobre el Pacto Verde Europeo y los resultados del control de adecuación, la Comisión anunció que adelantaría la revisión de las Directrices pertinentes sobre ayudas estatales al final de 2021. Figuran entre estas las Directrices sobre ayudas regionales, la Comunicación PIICE, el Marco de I+D+i, las Directrices de financiación de riesgo, las Directrices sobre medio ambiente y energía y las disposiciones pertinentes del RGEC. Las demás normas que fueron sometidas al control de adecuación se examinarán a medio plazo.
